Con la Iglesia hemos topado

España es un país aconfesional. Así lo establece la Constitución, en su artículo 16, apartado 3, cuando afirma que “Ninguna confesión tendrá carácter estatal” Esto implica la libertad de culto y de creencia, y que nadie esté obligado a asumir los ritos o los dogmas de ninguna confesión en concreto. Implica también que las creencias religiosas, su práctica y su aprendizaje, sean un asunto estrictamente privado, dejado al libre albedrío de cada ciudadano. Y prohíbe implícitamente al Estado y a cualquier organismo público (como la escuela pública, por ejemplo) imponer a los ciudadanos  el conocimiento (no digamos ya la práctica, no digamos ya la creencia) de cualquiera de ellas. Pero en eso llegó la ley Wert, que explícitamente impone que...

Si hasta ahora, fueras o no católico, financiar a la Iglesia Católica con tus impuestos te venía eso mismo, impuesto (gracias a la coletilla del artículo 16.2: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” aunque las demás confesiones, curiosamente, no tienen casilla en la declaración de la renta, vive Buda) ahora financiarás también su adoctrinamiento.

Si quieres que tus hijos consigan el graduado escolar y puedan ir a la Universidad, tendrás que permitir que les impartan tal adoctrinamiento, porque puntúa para nota.

Entre la suma de conocimientos y saberes que se supone debe tener como bagaje un ciudadano instruido, ahora se incluye una creencia. Una sola. Y una creencia no es un conocimiento.

Queda suprimida la asignatura de Educación para la Ciudadanía, porque el gobierno la considera una asignatura doctrinaria. La ha sustituido por una asignatura que imparte doctrina.

En resumen: se impone en el ámbito público una opción que es privada, y se obliga a todos los ciudadanos a financiarla. Porque la nueva asignatura de religión (de religión católica, para ser preciso) viene con su dotación presupuestaria, que no sale de las arcas de la Iglesia, sino de las del Estado. Aunque bien mirado iba a dar igual, porque la Iglesia llena sus arcas a cuenta de las del Estado, a pesar de que en el concordato de 1979 se establecía que, en un plazo de tres años (o sea, en 1982 como fecha tope) la Iglesia debía tener establecidos los mecanismos necesarios para autofinanciarse. Han pasado treinta años desde el plazo y aún no los ha establecido. O no le ha dado la gana.

En resumen (2): mejor tira tu ejemplar encuadernado de la Constitución al retrete y sal a comprarte uno del Nuevo Catecismo Católico. El de la edición sancionada por la Conferencia Episcopal, por supuesto. Porque esto, de estado aconfesional, no tiene nada. Más bien parece una "Monarquía tradicional, católica, social y representativa" que "considera como timbre de honor el acatamiento a la Ley de Dios, según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, única verdadera y fe inseparable de la conciencia nacional que inspira su legislación" que es lo que decía la Ley de Principios del Movimiento Nacional, de 1958. Cuando Paco I el de los pantanos se sentaba en el trono de la tal monarquía tradicional, sin ser monarca.
En resumen (3): gracias a los esfuerzos del ministro Wert, de Monseñor Rouco Varela y de la  Conferencia Episcopal en pleno, el anticlericalismo, que en los últimos años iba tan de capa caída, va a crecer de nuevo, lustroso y rozagante, entre las nuevas generaciones. Tiempo al tiempo.