En defensa del juez Garzón

España es ese curioso país donde los gángsters sientan en el banquillo de los acusados a los jueces.

Estos son los hechos:

El juez Baltasar Garzón se sienta en el banquillo. Tres veces. La primera, por haber obtenido supuestamente el patrocinio del Banco Santander para financiar unos cursos en la Universidad de Nueva York, y haber archivado después una querella contra el presidente de esa entidad bancaria, Emilio Botín. La querella en cuestión, presentada en su día por el abogado Rafael Pérez Escolar, condenado a 10 años de cárcel por el caso Banesto, que al salir de prisión planteó múltiples querellas contra Botín como presidente del banco adjudicatario del que él, según sentencia firme, expolió de forma fraudulenta de más de 3.000 millones de euros, en conspiración con otras personas, entre las que se encuentra el entonces director de Banesto (que también fue a parar a la cárcel) Mario Conde, y uno de los bancos norteamericanos implicados en el crack de 2008, J.P. Morgan. Una de esas querellas fue archivada por Garzón, previo informe favorable del fiscal, y posterior confirmación de la Sala Penal de la Audiencia. Tras el fallecimiento de Pérez Escolar, su colega Arturo Panea siguió querellándose contra Garzón por haber obtenido supuestamente el patrocinio del Santander para financiar aquellos cursos universitarios. La razón aducida: Garzón participaba en los cursos como ponente. Garzón es español. Botín también.  A Garzón le invitan a actos y ceremonias, a veces. A Botín también. Garzón y Botín han coincidido alguna vez en alguno de esos actos públicos, y entonces se les ha visto intercambiar palabras. Luego, Botín hizo  que su banco patrocinara los cursos porque Garzón se lo pidió, está más claro que el agua. Tanto el Banco de Santander como la Universidad de Nueva York aportaron pruebas ante el Tribunal Supremo de que Garzón no había recibido ni un dólar de los 327.000 en que consistió el patrocinio del banco: A Garzón le pagaron por su participación en los cursos 160.000 euros, que declaró en su momento, y que desembolsó no el Banco de Santander, sino el Centro Rey Juan Carlos, organizador de los mismos. Ambos son hechos que se consideran probados. Pero la acusación prospera.

La segunda vez, tras haber sido admitida a trámite una denuncia interpuesta por las organizaciones de extrema derecha Manos Limpias y Falange Española de las JONS, por presunta prevaricación en la investigación de los presuntos crímenes contra la humanidad presuntamente cometidos por la nada presunta dictadura franquista. Una investigación de la que él mismo ya se había inhibido y derivado a otro tribunal, por considerarse inhábil para la misma. Pero dio lo mismo, a pesar de haberse inhibido él a priori y  de motu propio, fue inhabilitado a posteriori. Lo que celebraron mucho no sólo la anecdótica pandilla de nostálgicos filofascistas que le había denunciado, sino también los implicados en otra trama delictiva que el juez estaba investigando en aquel momento: el caso Gürtel, quizá la trama de corrupción política más extensa, ramificada e importante que nunca se haya descubierto en España. Una trama responsable del expolio de millones de euros del erario público, que fue destapada por un equipo de investigación del diario El País y en la que están implicados muchos altos cargos del Partido Popular; algunos de ellos está siendo juzgado ahora de mismo por esos hechos. Pero no por Garzón: a ese perro de presa  ya se lo quitaron de encima los de Falange Española.

Y la tercera, por haber autorizado, a petición (motivada) de la Policía Judicial y la Fiscalía Anticorrupción, interceptar las conversaciones en prisión entre los cabecillas de la mencionada trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, y sus abogados, lo que podría violar el derecho a la confidencialidad entre abogado y cliente. El motivo aducido para las escuchas: la policía y la fiscalía sospechaban que Correa y Crespo proporcionaban instrucciones a sus abogados para poner a buen recaudo los más de 20 millones de euros ocultos en bancos suizos. El indicio aducido: una conversación (no sometida al secreto profesional) del abogado de Crespo, que lo que son las cosas, también está imputado en el caso. Conversación en la que se insinúa el inicio de la operación de toma el dinero y corre. El juez Pedreira, que asumió la instrucción del caso tras la inhabilitación de Garzón, confirmó y prorrogó la autorización de las escuchas, sin que nadie haya impugnado tal prórroga, ni haya acusado al juez Pedreira de prevaricación, ni de nada, por autorizarla.

Por supuesto que un juez puede ordenar unas escuchas que luego se consideren contrarias a derecho, aunque lo haga conforme a ley y derecho, como es el caso. Pero entonces la consecuencia legal suele ser la recusación de dichas escuchas y su invalidez como prueba; es insólito que también impliquen el procesamiento del juez que las autorizó, en el ejercicio de sus funciones, por presunta prevaricación. De hecho, es tan insólito que no había pasado nunca, ni en España ni en ningún otro país del que yo tenga noticia.
El promotor de la querella, y principal acusador, es el abogado Ignacio Peláez, que antes había sido fiscal de la Audiencia Nacional. Ahora es abogado defensor de José Luis Ulibarri, uno de los principales imputados en  esa trama de corruptelas, y también lo fue de otro imputado, éste confeso, el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo del Govern valenciano, Rafael Betoret, hasta que este se declaró finalmente culpable, aceptó los cargos y devolvió los regalos de Francisco Correa y su lugarteniente El Bigotes. Peláez también había sido abogado de "Los Albertos", Alberto Cortina y Alberto Alcocer, y con ellos participó en un asunto de estafa y falsedad en documento civil por el que llegó a estar imputado, aunque finalmente le absolvieron "porque cumplía órdenes de sus clientes". En aquel juicio le defendió el antiguo juez de la Audiencia Nacional José Antonio Choclán, que es actualmente el abogado defensor del líder de la trama, Francisco Correa, también conocido como Don Vito, un empresario muy bien conectado con la cúpula del Partido Popular, que asistió a la boda de la hija de Aznar y, se dice, intentó chantajear a nuestro nuevo Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cuando aún no lo era, con una grabación en la que éste criticaba, en conversación privada con un amigo, al ahora finado presidente del partido, Manuel Fraga (Rajoy no llegaba a decir nada más grave que "el viejo ya está gagá").

Hasta aquí los hechos. Y quizá ahora debería hablar del currículum profesional del juez Garzón, el primer juez que sentó en el banquillo a un militar argentino responsable de desapariciones durante la dictadura, y a punto estuvo de sentar en ese mismo banquillo a Augusto Pinochet; un currículum que incluye acciones decisivas contra la mafia del narcotráfico, la trama negra de los GAL, la corrupción política y el terrorismo de ETA; golpeando siempre donde más suele doler, en las finanzas. Y quizá debería también señalar lo evidente: que ha metido el dedo en muchos ojos de gente con mucho poder político y económico. Para pasar a especular que debe haber por ahí mucha gente muy poderosa con muchas ganas de vengarse de él. O de quitarle de en medio, para que pare de una vez de tocar las narices. Como los implicados en la trama Gürtel, los conocidos y, sobre todo, los por conocer. Y asimismo quizá debería recordar la enemistad manifiesta que le profesan a Garzón determinados magistrados del Tribunal Supremo, casualmente los nombrados por el Partido Popular, que casualmente es el partido actualmente en el gobierno y, casualmente también, el partido al que pertenecen las mayoría de los implicados en la trama Gürtel. Una enemistad manifiesta que se ha materializado en multitud de denuncias menos fundamentadas y más ridículas (aún) que las precedentes, que han ido siendo puntualmente desestimadas, pero que igualmente han ido cayendo incesantemente como una lluvia fina. Y, finalmente, quizá debería insinuar lo orquestada que parece la reacción de determinados columnistas y determinados medios de comunicación, casualmente los considerados próximos al Partido Popular, celebrando y hasta alegrándose, de manera más bien repugnante, por el procesamiento del juez. Por partida triple. Tan orquestada parece que hasta podría pasar por una campaña de descrédito perfectamente organizada.

Quizá debería. O quizá no haga falta. Porque me parece que los hechos son bastante elocuentes por sí mismos. Y de ellos se puede deducir fácilmente que… España es un curioso país donde los gángsters sientan en el banquillo de los acusados a los jueces.